Ensayo:
El
desarrollo sostenido de una nación tiene un crecimiento directamente
proporcional al nivel educativo de sus profesionales; es impensable pensar que
un pueblo ignorante tenga la posibilidad de sobre ponerse al vertiginoso cambio
en la cultura global y mucho menos que dicho profesional sobre salga en un
mundo tan competitivo.
El
presente ensayo pretende realizar un acercamiento a la formación profesional en
Colombia y acerca de la dicotomIa existente entre la educación pública y la
educación privada, sus alcances y debates a lo largo y ancho de la geografía
nacional, las discusiones entre ilustres pensadores y modestos servidores
públicos, con el único afán de justificar una de las dos fuerzas en el debate.
Antes
de iniciar con las reflexiones propias citaré algunas que a mi paso por la
madre patria encontré de parte del pensador y crítico intelectual Don Fernando
Savater, quien a propósito del tema esgrimía argumentos como los que a
continuación comparto para con los lectores, toda vez que permiten el acceso a
la discusión y entre líneas permiten dimensionar la profundidad del problema.
Se
pregunta Savater sobre la necesidad de diferenciar ¿entre lo que queremos de la
educación o lo que esperamos de ella?, o sí por el contrario ¿ésta debería ser
obligatoria o no? Para ayudar a resolver los interrogantes nos invita a leer
las elucubraciones de JHON LOCKE expuestas el 7 de marzo de 1693 en el “SQUIRE” de Eduardo Clarke; en donde se busca justificar la
educación como un intercambio entre la oferta y la demanda en el gran mercado
donde cada quien busca la forma de educar a sus hijos de acuerdo con sus
capacidades y logrando un beneficio de ella, así quienes prefieran mantener
asilvestrados a los propios o enseñarles por sí mismos cosas diferentes que no
hacen parte del currículum oficial manteniéndoles al margen y sin la coerción
oficial del estamento público.[i]
Después
de todo, tantos años de aprendizaje no dejan de ser una imposición por la necesidad de surgir o simplemente por
entrar en el sistema, la pregunta acá es si ¿es acaso tan innegablemente bueno obtener conocimientos?
pero estos homologados por el consenso social mayoritario y no ¿por otros? ¿No
es pues la formación controlada por el estado un generador de desconfianza[ii]?
Ejemplos vividos y sufridos por todo el mundo como son
los casos de la educación tras la “cortina de hierro” que puso en evidencia el
fracaso de la masificación escolar, la desidia burocrática, la arbitrariedad de
los docentes y directivos docentes, la inocuidad de los planes de estudio,
incluso quizás el perverso propósito de convertir los neófitos en dóciles y
adocenados robots al servicio de la omnipotencia castradora del poder
establecido.
Según
los filósofos de la edad media, existen dos clases de libertad; libertas a coactione y libertas a miserie
la primera estriba en verse libre de la tiranía de los que nos oprimen
políticamente por la fuerza; la segunda consiste en resguardarse contra la
tiranía de las necesidades que se nos impone en forma de indigencia y escasez,
debilidad y vejez y que justamente en nuestra actual democracia debido a esos
postulados medievales debemos aspirar a una libertad completa, sin aceptar la
coacción injusta para aliviar la miseria y sin resignarnos a la miseria para
evitar toda coacción.
Recalcaba
Fernando Savater que la democracia no solo consiste en respetar los derechos
igualitarios entre los ciudadanos, por qué estos no son un fruto natural de la
tierra que brota espontáneamente, si no que la democracia debe ocuparse de
crear los ciudadanos en cuya voluntad política se apoya su misma
institucionalidad, es decir debe enseñar a cada ciudadano potencial lo
imprescindible para llegar a serlo de hecho.
Por
lo anterior, en las sociedades meramente democráticas la educación no es algo
opcional, es por el contrario una obligación pública que la autoridad debe
regular y vigilar; “El
sistema democrático tiene que ocuparse de la enseñanza obligatoria de los
neófitos para asegurar la continuidad y la viabilidad de sus libertades: es
decir, por instinto de conservación educamos en defensa propia[iii]”
La
educación debe ser entonces tan pluralista como la sociedad misma y en ella es
conveniente que puedan hallar acomodo estilos y sesgos diferentes; por lo mismo
que un padre por ningún motivo puede ver a sus hijos sin estudios por razones económicas; tampoco ningún padre
tiene derecho a privarle de ellos por razones ideológicas. Incluso para
renunciar al conocimiento hay que tener ciertos conocimientos,
Más
allá de las limitaciones contingentes que pervierten de hecho las mejores intenciones,
el objetivo de una educación humanista no es identificar al neófito con dogmas
inamovibles o formas de ser eternas, sino enseñarles a cambiar sin
desmoronarse, sin culpabilizarse, sin perder la capacidad de seguir
inventándose una buena vida. Solo los fanáticos suponen que el principal
designio de la educación democrática es crear esclavos satisfechos.
Adam
Smith, sostenía en su texto “La Riqueza de las Naciones” que la mejor enseñanza
era la impartida por las escuelas públicas, organizadas estatalmente y que
frente a sus deficiencias eran aceptables las ofertas privadas sobre las que el
estado solo ejerza un homologador control de calidad. Y es
ésta calidad la que en últimas determina la balanza en favor de una de las dos
tendencias, pues los pudientes contarían con escuelas bien dotadas y bien
remuneradas con los mejores profesores y medios, con excelentes instalaciones
donde el aprendizaje esta en concordancia con los ambientes (ambientes de
aprendizaje), pero en cambio los más pobres no tendrían derecho más que a
escuelas más pobres que ellos mismos, escuelas que por su presupuesto no
aspirarían a instalarse más que en barrios nada prometedores, gestionadas por
gentes acostumbradas a vivir con resignación o a la frustración profesional.
Quienes
más necesitan de una mejor instrucción, encuentran poco apoyo e impulso hacia
ella, salvo en sus casas estarían destinados al azar venturoso, a la mediocridad
adocenada y carente de medio educativos. Es lógico y conveniente que los
recursos estatales que han de concentrarse en la educación se reserven
mayoritariamente para la enseñanza pública a fin de dotarla de la mejor calidad
posible y del más enriquecedor pluralismo para respetar la sabía mano del
mercado que sostiene los establecimientos privados en el eterno juego de la
oferta y la demanda.
Pero
esta discusión no puede sesgarse en la cara meramente filosófica pues aborda
como toda moneda de la cara posterior es decir para el caso en concreto de la
cara económica; para ello mencionaré por lo menos un informe especial de las
Naciones Unidas (Katarina Tomasevski), miembro de número del comité de derechos
económicos sociales y culturales “DESCA” quienes bajo cuatro (4) aspectos
fundamentales reconocidos como los aspectos de las cuatro A; ellos son: una
obligación a la ASEQUIBILIDAD, también conocida como de disponibilidad que
implica satisfacer la demanda educativa ya sea por la oferta pública o por la
protección a la oferta privada. Ello supone la doble obligación de establecer o
financiar instituciones educativas y de abstenerse de prohibir a los
particulares de fundar nuevas instituciones educativas al servicio del público
quien lo demande. Por
otra parte la ACCESIBILIDAD según la cual el estado se compromete a garantizar
el acceso a las escuelas públicas sin discriminación alguna con la certeza que
el lado privado se someta a las mismas garantías incluyentes de acuerdo con las
normas preestablecidas y las leyes orgánicas vigentes. Una
tercera obligación de ACEPTABILIDAD de acuerdo con la cual el estado debe
garantizar la calidad de la educación y tanto en el ambiente público como en el
privado velar por que se cumpla. Finalmente
la ADAPTABILIDAD que es cuando el estado garantiza una educación impartida
tanto a niños como a niñas que se adapte al medio en el cual se desarrollan.
Dentro
de éste marco el derecho a la gratuidad de la educación se sitúa como una
obligación suplementaria de la accesibilidad ya que garantiza que no existan
obstáculos económicos en el acceso y permanencia de los educandos en los
procesos educativos y hace énfasis en tres aspectos que se derivan en dicha
obligación y son la accesibilidad sin discriminación, la accesibilidad material
y la accesibilidad económica. Ésta última se refiere expresamente a la
educación básica primaria gratuitamente. En
otras palabras la educación gratuita parte de una idea básica y es que si una
persona en Colombia tiene un derecho, es deber del estado remover todos y cada
uno de los obstáculos que se interponen para que ésta persona pueda gozar de
dicho derecho. Desafortunadamente
en nuestro país las cifras no son muy alentadoras y poco o nada se mueve para
ser mejoradas, por ejemplo un informe del DANE (encuesta de percepción de
calidad de vida 2011) da cuenta de que el 6.5% de los niños en edades
comprendidas entre los 5 y los 11 años de edad están por fuera del acceso
educativo y de éste grupo el 20.7% no asisten por razones económicas.
Estas
circunstancias se agravan con la edad pues del grupo de niños cuyos rangos
oscilan entre los 12 y los 17 años la suma asciende a un 50%. Es claro pues que
en Colombia existe un obstáculo económico que impide que las personas accedan
al servicio de educación. En efecto si la educación es entendida como un deber
del estado, y como un derecho de las personas el acceso a éste servicio no
puede estar condicionado a la capacidad de comprar dicho derecho. Ahora
bien en términos de los clásicos de la economía es preciso advertir que el
equilibrio entre la oferta y la demanda se desborda al intentar buscar el
sentido de la educación cuando se le mira desde la orilla democrática, toda vez
que lo que se pretende es acotar su propia orientación, su valor intrínseco y
el verdadero significado vital como legado para la humanidad.
La
pregunta por el sentido de la educación no equivale tan solo a ¿Qué es la
educación? Sino más bien a ¿Qué queremos de ella? Y hasta se podría preguntar
¿Qué es lo que deberíamos pedirle a ella? Desde luego no basta con enseñar a
los educandos por un cúmulo de habilidades simbólicas y mucho menos bastaría
con inculcarles hábitos de obediencia y respeto; ni siquiera fermentos de
inconformismo. No, es necesario algo más; hay que entregarles la complejidad
del mundo, nuestra propia perplejidad, la dimensión contradictoria de nuestras
frustraciones pero también de nuestras esperanzas, hay que decir
pedagógicamente a los que vienen que lo esperamos todo de ellos, que den todo
de su parte, pero que irremediablemente no podemos quedarnos para esperarles,
que les transmitimos lo que sabemos pero que a la vez sabemos que no les será
suficiente como a su vez también lo fue insuficiente para nosotros. Ya que el
sentido de la educación sea esta pública o privada, obligatoria o de libre
albedrío es el de conservar y transmitir el amor intelectual a lo humano.
Sí
revisáramos la Constitución Política Nacional, podríamos advertir que la
educación en Colombia es gratuita a partir de los 5 años de edad y hasta los 15
y que comprende como mínimo un año de educación preescolar y 9 como mínimo de
básica y media. (Art 67, CPN) sin embargo señala que la obligación de cumplir
con el postulado es del ESTADO la FAMILIA y la SOCIEDAD, de la misma manera
señala que la educación será gratuita en los establecimientos sin prejuicio del
cobro de los derechos académicos a quienes puedan sufragarlos, así las cosas la
constitución establece que la educación en Colombia es gratuita pero solo para
quienes no puedan sufragarla. A la luz de los hechos la Constitución Política
Colombiana no resalta la gratuidad de la educación en el país, solo advierte acerca
de un subsidio condicionado a la incapacidad de pago de los hogares.
Así
las cosas resultaría etéreo analizar para el caso Colombiano los conceptos
entre gratuidad y condicionamiento de pago de acuerdo con la capacidad de las
familias, pues sin entrar en la discusión jurídica de los bloques
constitucionales y los tratados internacionales vigentes y firmados por
Colombia toda vez que dichos bloques y tratados tiene la misma altura jurídica,
y por ende pesarían mucho más aquellos que favorecen la condición humana.
Para
dimensionar el caso tomaré como ejemplo la pena de muerte, pues en buena o en
escasa medida el fin siempre será el mismo y el dolor impartido en éste caso al
penado no se disminuirá con el sólo hecho de maquillar el método. No
obstante éste argumento normativo, que no convence a los economistas actuales
ni mucho menos a los clásicos; acostumbrados a analizar en cifras los costos y
beneficios de cualquier medida, quisiera presentar algunas reflexiones en
contra de la política de subsidios tanto en el orden nacional como en el
territorio.
El
municipio de San Carlos tan azotado por la violencia y con un desplazamiento
cercano a un tercio de su población, decidió y como ayuda a los habitantes
otorgar un subsidio para las madres solteras cabeza de hogar hasta por $100.000
(cien mil pesos) por cada niño o niña lactante, hoy día el municipio cuenta con
las tasas más altas de embarazos en adolescentes quienes buscan el subsidio sin medir las consecuencias.
Ahora
bien un estudio reciente muestra que la gratuidad académica en Colombia cuenta
con una triada de dificultades las cuales RODRIGO UPRIMNY, destaca de la
siguiente manera:
ü Restricción
financiera, según el cual no existen recursos suficientes para garantizar el
derecho a la educación.
ü Inequidad,
pues de acuerdo con el postulado nacional dichas políticas de gratuidad
universal son inequitativas pues financian por igual a quienes tienen recursos
económicos tanto a como no cuentan con ellos.
ü Calidad,
toda vez que se entiende una educación gratuita de mala calidad, precisamente
ante la imperiosa necesidad de ampliar la cobertura sin los recursos
suficientes, la administración se verá forzada a reducir la calidad de
educación que se ofrece. Esta disminución en la calidad es especialmente
perjudicial para los niños de las familias más pobres pues, mientras que los
niños de familias mas adineradas siempre podrán acudir a colegios privados de
mejor calidad, los niños de familias más pobres no tendrán otra opción que
acceder a una educación pública degradada.
De esta manera no sólo se repite el círculo vicioso de
ofrecer educación de mala calidad a los más pobres sino que además se conserva
la segregación social, pues la educación pública será vista como una educación
de mala calidad y sólo para “pobres”. Por estas razones los críticos de la
gratuidad universal de la educación insisten en la conveniencia de políticas
alternativas a la gratuidad, tales como la focalización de los subsidios
educativos y las transferencias condicionadas a la asistencia.
Sin embargo, una política educativa que no asigna
gratuitamente el bien de la educación a todos por igual, sino que se basa en la
diferencia de ingreso para asignarlo, es inconveniente al menos por las
siguientes seis razones.
Dichas razones son tomadas de las críticas que
presenta Amartya Sen (2000) en contra de la tendencia recurrente
en políticas públicas de subordinar la ayuda a la falta de ingresos.
El primer argumento en contra está relacionado con las
distorsiones en la información que provocan estas estrategias. Y es que las
políticas de subsidio condicionada a la insuficiencia de ingresos genera
incentivos perversos para el suministro correcto de la información, pues muchas
personas van a informar ingresos menores que los realmente recibidos, para poder
mantener el subsidio, mientras que otros van a abstener de solicitar el
subsidio, por considerar una deshonra tener que declararse pobres. Ello genera
una asignación ineficiente de los recursos, pues no es fácil establecer
mecanismos apropiadas para focalizar la población que debería recibir el
subsidio.
Esta crítica es particularmente relevante en el caso
de la educación. Como es bien sabido, el cobro de los costos de matrícula y
complementarios dependen del estrato establecido en la encuesta SISBEN. Sin
embargo como ya lo han señalado varios estudios la encuesta SISBEN no parece
ser un mecanismo adecuado para la inclusión de la población beneficiaria.
Los problemas se presentan especialmente en los
mecanismos para identificar la pobreza o la incapacidad de pago y en la
aplicación de la encuesta. Respecto de los criterios de inclusión se señalan
problemas tales como que la encuesta no mide la pobreza sino la miseria de
las personas, no refleja los cambios en la capacidad de pago, privilegia
la evaluación de bienes y de otros logros acumulados históricamente
que pueden no decir mucho sobre la capacidad actual de las personas y
adopta mecanismos punitivos frente a la promoción social como cuando
evalúa la educación de las personas (Barajas, Conversa, Romero, 2002). De esta
manera la encuesta deja sin incluir a numerosos beneficiarios que no tienen
capacidad de pago para costear la educación de sus niños y niñas y de otro
lado, desmotiva a aquellas personas que cumplen las condiciones para ser
admitidos por la encuesta a exigir aquello a lo que tienen derecho.
La segunda crítica de Sen esta relacionada con la
distorsión en los incentivos. De acuerdo con este autor, la ayuda condicionada
a los ingresos puede influir en la conducta económica de los individuos al
disuadirlos de realizar otro tipo de actividades económicas que les reporten un cambio en su nivel de ingresos. Esta crítica es muy similar a la ya conocida “trampa de desempleo” que
opera en los subsidios condicionados a la ausencia de medios. El efecto
perverso de este tipo de subsidios consiste en que desincentivan al
beneficiario a conseguir un empleo o a aumentar sus ingresos a través de una
actividad productiva ya que esto le supondría perder el subsidio. Como lo señala Van Parijs (2002), “si cada euro de ingreso es compensado, con
la pérdida de un euro de subsidio, uno no tiene que ser
especialmente vago para rechazar un empleo que podría mermar esos ingresos
o para no buscar activamente esos trabajos”.
De esta manera si los subsidios sociales (en educación
y salud) están condicionados a la encuesta del SISBEN y la inclusión en dicha
encuesta depende del nivel de pobreza, entonces las personas preferirán no
participar en nuevas actividades productivas con tal de no ser excluidos en la encuesta.
La tercera crítica señala la estigmatización a la que
pueden ser sometidos los individuos subsidiados. De acuerdo con Sen (2000: 171)
“un sistema de ayuda que obligara a
una persona a declararse
pobre (...) tendería a repercutir en su amor propio, así como en el respeto a los demás”.
Promover el “amor propio” puede ser un objetivo poco
importante para los análisis económicos, sin embargo, su análisis requiere
de una atención especial. El sentimiento de estigmatización puede desestimular
la solicitud de ayudas respecto de las cuales los gobiernos y las
administraciones hacen un gran esfuerzo por promover al contrario, con la
universalización de la educación gratuita, todos los niños y
niñas, podrían asistir a los mismos colegios sin que se pueda diferenciar
entre el niño pobre que recibe un subsidio de aquel que puede pagar su ingreso,
accediendo todos a la misma educación como ciudadanos de igual categoría.
La cuarta crítica en contra de la ayuda condicionada a
la comprobación de falta de medios está asociada con los costes administrativos
y la corrupción. De acuerdo con Sen (2000) los procedimientos de selección de
los destinatarios pueden implicar altos costos administrativos dado el
importante volumen de información por procesar. En un sentido similar, Alfredo
Sarmiento ha sostenido en algunas charlas que en países muy pobres es más fácil
focalizar a los ricos que a los pobres.
Por otro lado, el manejo de la información de
beneficiarios también comporta la pérdida de intimidad y autonomía de la
persona beneficiaria, no sólo al momento de revelar información personal
sino también al someterse a programas de investigación y seguimiento. Pero sin
duda, el elemento mas grave es que una burocracia grande que fiscaliza la
asignación de recursos hace más factible la generación de corrupción. Esto sucede
no solamente porque el burócrata que realiza la clasificación conserva siempre
un poder de definición que puede ser influenciado por alguien, sino además
porque, cuando las personas aumentan su capacidad de pago, son castigadas con
la pérdida del subsidio, por lo que se ven inducidas a mentir sobre sus
ingresos para mantenerlo.
El quinto argumento a favor de una política de
educación universal y gratuita es que promueve a la escuela como un
espacio de encuentro ciudadano universal y poli clasista. En efecto, si la
escuela logra ofrecer un servicio de educación con calidad asequible tanto a
pobres como a ricos, puede convertirse en un lugar donde personas de distintas
clases socioeconómicas puedan encontrarse y proteger así un mismo bien público
El sexto argumento, esta directamente relacionado con
el anterior. Una oferta universal de educación disponible al conjunto de la
ciudadanía, no sólo genera espacios de encuentro ciudadano, sino que además,
permite asegurar la sostenibilidad política de estos programas sociales en el
futuro. Los programas focalizados a los más pobres corren el riesgo de que,
después de un tiempo, las clases más altas, que pagan los impuestos necesarios
para subsidiar esos programas sin beneficiarse en nada de ellos, simplemente dejan
de apoyarlos, sin que los más pobres puedan oponerse a ello ya que cuentan
con poco poder político (Sen, 2000).
Precisamente, en Europa durante los años setentas y ochentas,
el Estado benefactor, que utilizaba políticas de apoyo focalizadas a los
más pobres, fue decayendo como producto del abandono de las clases más
altas que sufragaban dichas políticas Estas críticas
muestran que la política de subsidios educativos focalizada a los más pobres es
menos sencilla de lo a veces parece y que, al contrario existen ventajas
considerables en la universalización de la educación gratuita, al menos en
primaria.
Esta
gratuidad además recordaría con fuerza que la educación es primariamente un derecho,
y no una mercancía. Y esto es imporante pues si bien es cierto es bueno y legítimo
que existan sociedades con economía de mercado, lo que es intolerable son las “sociedades
de mercado”. No todos los bienes pueden ser pensados bajo una racionalidad estrictamente
económica. Es importante mantener parcialmente por fuera del mercado cierto
tipo de servicios que deben ser considerados en términos de derechos, como
bienes meritorios que todas las personas merecen como una condición de dignidad
personal, y no como una mercancía o como una inversión en capital humano.
Si
la educación fuera vista sólo desde el segundo aspecto, llegaríamos a
conclusiones insostenibles en términos de derechos, como que sólo deberían
acceder a ella quienes puedan pagarla (educación como mercancía), o que no es
viable ofrecer educación con recursos públicos cuando la tasa de retorno no sea
atractiva financieramente (educación como inversión), por que no debería haber
educación pública para los discapacitados, ya que eso supone una inversión
financiera muy alta con una tasa de retorno baja. Por esta razón la educación debe
pensarse en términos de derechos para así garantizar una cobertura plena de la ciudadanía,
sin perjuicio de reconocer que existen restricciones económicas y financieras. Sin
embargo el tema esta lejos de ser resuelto. Aunado al problema de definir la sostenibilidad
y conveniencia económica de una política de gratuidad universal en educación
primaria, está el tema de establecer el alcance -maximalista o minimalista-
dela educación primaria. Es decir, aunque es claro que existe un deber de
garantizar una educación primaria gratuita, todavía nos queda por resolver
muchos temas. Como ya vimos, esta discusión no sólo involucra problemas de
interpretación jurídico-normativa sino también de análisis económico. De allí
entonces la necesidad de fortalecer una comunicación mas fluida entre abogados
y economistas en temas que, como el de la educación básica, nos competen a
todos los ciudadanos
Ensayo tomado de: NORA ELIANA. PINO RAMOS presentado para la materia de Pensamiento Económico Doctorado en Administración:
[i] Loocke Jhon, SQUIRE.
Publicación 1693, SAVATER Fernando, En
El Valor de Educar, editorial ARIEL 2000
[ii] Idem, SAVATER
Fernando, Carta dirigida a la Ministra
de Educación Páginas 169 – 185
[iii] Defensoría del Pueblo. 2011. El derecho a la Educación en la Constitución,
la Jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales. Bogotá. Serie DESC
BIBLIOGRAFÍA:
DANE. 2003. Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2011. Bogotá, autor.
Defensoría del Pueblo. 2011. El derecho a la Educación en la Constitución,
la Jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales. Bogotá. Serie DESC.
Dershowitz, Alan. 2001. “Is there a Torturous Road to Justice?” en, Los Ángeles Times, noviembre 8 de
2001.
Dershowitz, Alan. 2002. “When All Else Fails, Why Not Torture?” en American Legion Magazine, julio
2002.Ignatieff, Michael. 2004.
“El Mal Menor. Ética Política En Una Era De Terror”. Bogotá: Taurus.
Savater, Fernando: El Valor de Educar, editorial Ariel ensayo junio de 2000
Cybergrafía:
