JESÚS MARIA VALLE JARAMILLO
Por Agencia de Prensa IPC, Medellín
Hace 10 años mataron a Jesús María Valle Este abogado paisa murió defendiendo los derechos humanos de los campesinos. A pesar de que el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe, y el comandante de la Cuarta Brigada, general Carlos Alberto Ospina, dijeron que el jurista mentía, la historia le ha dado la razón sobre los vínculos de la fuerza pública con paramilitares.
Hace 10 años mataron a Jesús María Valle Este abogado paisa murió defendiendo los derechos humanos de los campesinos. A pesar de que el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe, y el comandante de la Cuarta Brigada, general Carlos Alberto Ospina, dijeron que el jurista mentía, la historia le ha dado la razón sobre los vínculos de la fuerza pública con paramilitares.
“Un apóstol nunca piensa en sí mismo sino en los demás. Por ello, Jesús María Valle representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad del otro, aún a costa de su propia vida”, expresó el sacerdote Joaquín Vargas durante las honras fúnebres del jurista y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, asesinado en su oficina por sicarios dos días antes. Corría la tarde del domingo 1 de marzo de 1998 y cada palabra del prelado fue escuchada por familiares, amigos, alumnos y activistas de derechos humanos que acompañaron el cortejo fúnebre hasta la Iglesia de Santa Gema, en el occidente de Medellín. En silencio, cada cual rememoraba la imagen que tenía del jurista y al hablar de ello todos coincidieron en exaltar su defensa acérrima de los más débiles. Hace diez años ya de esa homilía, de esas honras fúnebres, de ese asesinato, y aún hoy quienes lo conocieron resaltan la profunda vocación de servicio de Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de los derechos humanos, asesinado en su oficina el 27 de febrero de 1998 por sicarios de la banda La Terraza pagados por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil. Esa reconocida vocación de servicio tuvo su origen en la extrema pobreza vivida durante su niñez en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, norte de Antioquia. Jesús María nació allí el 29 de febrero de 1943, en el seno de una familia campesina conformada por su padre Jesús, su madre Blanca, y diez hermanos más. Los Valle Jaramillo no tuvieron una vida fácil. El trabajo en el campo era poco recompensado. Para ayudar a sus padres, Jesús María se vio obligado a vender periódicos en el pueblo. Su condición de campesinos pobres los llevó a buscar mejores oportunidades en Medellín. El propósito de don Jesús, el patriarca de la familia, era que sus hijos, ocho mujeres y tres hombres, estudiaran y alcanzaran las oportunidades de trabajo y vivienda que en el campo les estaba negado.
No fue una decisión fácil. Les tocó vender la pequeña parcela que tenían por 14.000 pesos de la época, finales de los años 50, y con ese capital tratar de sobrevivir en la ciudad. El dinero no les rindió y poco a poco se fueron empobreciendo más. Para superar las dificultades, don Jesús retornó al pueblo para labrar nuevamente la tierra y algunos de sus hijos abandonaron sus estudios de bachillerato para trabajar y sobrellevar la situación. Apoyado económicamente por sus hermanos, Jesús María terminó el bachillerato en el Liceo Antioqueño, donde mostró sus condiciones de liderazgo en el movimiento estudiantil, pero como no encontró trabajo se regresó a Ituango y, en compañía de su padre, se dedicó al campo. Fue allí, entre sus paisanos, y en medio de picos y azadones, que acabó de entender la dureza de la vida campesina.
Ambición de servicio
Un año después, regresó a Medellín a dedicarse al estudio; entonces se matriculó en el programa de Derecho de la Universidad de Antioquia. Llegó allí con fuertes convencimientos humanistas que luego pondría al servicio de los más débiles. Su paso por el Liceo Antioqueño le definió su personalidad: noble, honesto, servicial, ágil en el pensamiento, brillante en la palabra y liderazgo innato. Su regreso al campo le definió sus prioridades personales y profesionales. Y corría la década del 60, una época plena de ebullición social y política que le acabó de refrendar sus ideales de justicia social. Entre los recuerdos más emotivos de la familia se encuentra en el día de la graduación de Jesús María como profesional del Derecho. Sus padres y sus hermanos estaban felices. Era la culminación de un esfuerzo personal y familiar que quisieron festejarlo, pero el novel abogado prefirió que se ahorrara algo más de dinero para comprar un escritorio y una máquina de escribir, los recursos necesarios para un abogado de la época. Fue así como en otro esfuerzo familiar se le dotó una oficina en el cuarto piso del edificio Colón, situado en la calle Ayacucho, entre las carreras Bolívar y Cundinamarca, pleno centro de Medellín. Su gratitud por los esfuerzos familiares se expresó cuando comenzaron a llegar los negocios relacionados con su profesión y su ejercicio jurídico lo llevó a ganar algo de dinero: les empezó a ayudar a su familia, a sus amigos y a todos aquellos estudiantes que no tenían con qué paliar sus necesidades diarias. No podía ver a alguien con problemas porque siempre intervenía. A los jóvenes que llegaban de su pueblo a estudiar y no tenían para pagar un arriendo, Jesús María se los llevaba para su casa, los alojaba, los alimentaba, les dotaba de libros y les impulsaba sus ilusiones académicas y profesionales. Pero no sólo quería atender las necesidades de sus semejantes más inmediatos. Jesús María Valle quería expresar en escenarios más amplios sus ideas humanistas. Fue así como, de la mano del partido Conservador, comenzó a trajinar en la política regional, llegando en 1972 a ser Diputado de la Asamblea Departamental. En este recinto quedaron los ecos de su voz que, fogosa, planteaba debates orientados a defender los intereses de los más pobres y la urgente necesidad de eliminar las causas de la exclusión social. Sus ideas también eran expresadas en las aulas de clase de varias universidades donde comenzó a ejercer como docente, entre ellas la de Antioquia, la Medellín, la Pontificia Bolivariana y la Autónoma Latinoamericana. Tuvo a su cargo cátedras como Ética Profesional, Derecho Procesal y Probatorio Penal. Sus clases estaban llenas de humanismo, de un profundo sentido social de su profesión y de una inmensa energía en sus discursos que originaban tanta emoción que los estudiantes terminaban aplaudiéndolo.
Un año después, regresó a Medellín a dedicarse al estudio; entonces se matriculó en el programa de Derecho de la Universidad de Antioquia. Llegó allí con fuertes convencimientos humanistas que luego pondría al servicio de los más débiles. Su paso por el Liceo Antioqueño le definió su personalidad: noble, honesto, servicial, ágil en el pensamiento, brillante en la palabra y liderazgo innato. Su regreso al campo le definió sus prioridades personales y profesionales. Y corría la década del 60, una época plena de ebullición social y política que le acabó de refrendar sus ideales de justicia social. Entre los recuerdos más emotivos de la familia se encuentra en el día de la graduación de Jesús María como profesional del Derecho. Sus padres y sus hermanos estaban felices. Era la culminación de un esfuerzo personal y familiar que quisieron festejarlo, pero el novel abogado prefirió que se ahorrara algo más de dinero para comprar un escritorio y una máquina de escribir, los recursos necesarios para un abogado de la época. Fue así como en otro esfuerzo familiar se le dotó una oficina en el cuarto piso del edificio Colón, situado en la calle Ayacucho, entre las carreras Bolívar y Cundinamarca, pleno centro de Medellín. Su gratitud por los esfuerzos familiares se expresó cuando comenzaron a llegar los negocios relacionados con su profesión y su ejercicio jurídico lo llevó a ganar algo de dinero: les empezó a ayudar a su familia, a sus amigos y a todos aquellos estudiantes que no tenían con qué paliar sus necesidades diarias. No podía ver a alguien con problemas porque siempre intervenía. A los jóvenes que llegaban de su pueblo a estudiar y no tenían para pagar un arriendo, Jesús María se los llevaba para su casa, los alojaba, los alimentaba, les dotaba de libros y les impulsaba sus ilusiones académicas y profesionales. Pero no sólo quería atender las necesidades de sus semejantes más inmediatos. Jesús María Valle quería expresar en escenarios más amplios sus ideas humanistas. Fue así como, de la mano del partido Conservador, comenzó a trajinar en la política regional, llegando en 1972 a ser Diputado de la Asamblea Departamental. En este recinto quedaron los ecos de su voz que, fogosa, planteaba debates orientados a defender los intereses de los más pobres y la urgente necesidad de eliminar las causas de la exclusión social. Sus ideas también eran expresadas en las aulas de clase de varias universidades donde comenzó a ejercer como docente, entre ellas la de Antioquia, la Medellín, la Pontificia Bolivariana y la Autónoma Latinoamericana. Tuvo a su cargo cátedras como Ética Profesional, Derecho Procesal y Probatorio Penal. Sus clases estaban llenas de humanismo, de un profundo sentido social de su profesión y de una inmensa energía en sus discursos que originaban tanta emoción que los estudiantes terminaban aplaudiéndolo.
A defender los derechos humanos
Sus reflexiones sobre las condiciones sociales del departamento y el país, cada vez más inequitativas y violatorias del Estado de derecho, lo llevaron a tomar la opción de defender la causa de los derechos humanos, convencido de que no se podían tolerar aquellas situaciones que atentaran contra la dignidad humana. La concepción integral de los derechos humanos que expresaba Jesús María Valle lo llevó a promover la Liga de Usuarios de las Empresas Públicas de Medellín y a ser su primer presidente. Como dirigente gremial ocupó una silla en el consejo directivo y en la presidencia del Colegio Antioqueño de Abogados y a fundar y presidir el Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia. Pero donde más impulsó sus ideas humanistas y reforzó su defensa de los más débiles fue en el Comité por la Defensa de Derechos Humanos, seccional Antioquia, a donde ingresó en 1978, año de su fundación, y que presidió desde 1987, en reemplazo de Héctor Abad Gómez, asesinado el 25 de agosto de ese año. Desde el Comité, Jesús María Valle fue uno de los primeros en advertir los nefastos efectos del paramilitarismo en el departamento, sobre todo en las zonas rurales, donde las consecuencias de su accionar armado eran devastadoras: asesinatos masivos, rompimiento del tejido social entre las comunidades campesinas, desplazamientos forzados, destrucción de procesos productivos y profundización de la pobreza. En un memorable y emotivo discurso pronunciado el 25 de agosto de 1997, durante la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, contrastó los avances en materia de desarrollo que estaba teniendo Antioquia y la llegada del paramilitarismo a diversas regiones del departamento. Tan contundente era su percepción que se atrevió a decir que si bien antes se podía hablar del paso del meridiano de la cultura y la política por Antioquia, en ese momento se tenía que decir que el meridiano de la violencia estaba pasando por el departamento y desde él se exportaba la violencia para el resto del país. Su visión fue profética. era la primera vez que Valle Jaramillo hablaba de ello. Desde comienzos de 1996 había iniciado una sistemática denuncia de los atropellos contra la población campesina, perpetrados por las fuerzas contrainsurgentes que estaban tomando posición en corregimientos y veredas, de municipios del Norte de Antioquia, en particular de su natal Ituango, en donde para la época había sido elegido concejal por el movimiento Acción Popular Independiente. En sendas cartas a la Gobernación de Antioquia, en ese momento en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de la República, y a las autoridades militares y de policía, expresaba su preocupación por los constantes asesinatos de campesinos, quienes eran sindicados de ser guerrilleros, integrar sus redes de apoyo o ser simpatizantes. Entre sus denuncias se encuentran las incursiones paramilitares a los corregimientos La Granja y El Aro, de Ituango; en ambas fue condenada la Nación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se halló evidencia de la falta de operatividad de la fuerza pública para proteger a los habitantes de esos caseríos, un aspecto que Jesús María Valle siempre resaltó en sus quejas. Este año, el Estado colombiano podría recibir otra condena por el crimen del jurista, pues su caso cursa trámite en este organismo de justicia internacional. Fuerza pública, involucrada. Jesús María Valle fijó la atención de sus denuncias en la connivencia entre los paramilitares y la fuerza pública, tanto militar como policial. Sus evidencias, obtenidas a través de los habitantes de Ituango y de localidades vecinas, eran contundentes y hacerlas públicas molestó al Gobernador de Antioquia y al comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina Ovalle. Antes que atender el llamado a proteger a la población campesina, ambos atacaron al defensor de derechos humanos, negando toda relación con el paramilitarismo. El clima alrededor de Jesús María Valle se enrarecía cada vez y tanto familiares y amigos cercanos temían por su vida. No obstante, persistió en las denuncias, reclamando mayor eficacia al Ejército y a la Policía, y una acción más contundente del Estado en defensa de los campesinos. Pero cada pronunciamiento suyo era respondido con un ataque por parte de las autoridades. Incluso, Uribe Vélez, en declaraciones radiales, llegó a decir que en el país era muy conocida la animadversión de Jesús María Valle por el Ejército, con lo cual pretendía restarle veracidad a sus denuncias. Por la insistencia en sus acusaciones, Jesús María Valle fue denunciado penalmente por calumnia por la IV Brigada del Ejército, a través de un soldado delegado por la comandancia de la guarnición militar. Para responder por la querella, compareció a la Unidad Local Segunda de Delitos Querellables el jueves 26 de febrero de 1998. Durante la diligencia se ratificó en sus imputaciones y alegó que no había cometido ningún delito, pues su versión sobre la connivencia entre miembros del Ejército y la Policía con los grupos paramilitares había sido comprobada por organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales. Años después su versión fue ratificada, incluso, por comandantes y ex combatientes paramilitares. La diligencia comenzó a las 2:30 de la tarde de ese jueves. Exactamente 24 horas después, en su oficina del edifico Colón, la misma que con tanto esfuerzo había ayudado a dotar su familia semanas después de su graduación, dos hombres y una mujer llegaron hasta ella y le propinaron tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en el pecho, que le segaron la vida de manera instantánea. Dos días después, su cuerpo fue llevado a la Iglesia de Santa Gema para rendirle una sentida despedida a quien por más de 20 años se consagró a buscar la verdad y la justicia. Terminada la homilía del padre Vargas, un amigo de Jesús María Valle resumió con inmenso dolor y en voz muy baja la tragedia de este crimen: “En este país las posiciones diferentes, claras y con argumentos sólidos que hablan de las angustias de un pueblo sometido a un conflicto que le ha quitado toda dignidad son acalladas porque, al decir de algunos, hacen parte de uno de los bandos de la guerra. Seguimos en ese punto donde no hay contradictores sino enemigos que se deben eliminar inmediatamente”.
EL MERIDIANO DE LA VIOLENCIA PASA POR ANTIOQUIA (FRAGMENTO).
“De improviso, en los últimos años, en forma abrupta, se rompió ese esquema que traíamos y surgió un plan para acabar con el movimiento guerrillero en ese lapso. Entonces aparecieron unos hombres en las regiones que cometían una serie de tropelías y asesinatos y hábilmente desaparecían de la zona; y se suscitaron las primeras masacres en zonas geográficas donde no había enfrentamientos entre partidos y fuerzas de izquierda. Y después esas fuerzas se fueron ubicando en los perímetros urbanos y generaban un estado de terror y de zozobra, y los campesinos caían asesinados; mientras, en las veredas y corregimientos se mataban a los dueños de las tiendas comunitarias. Eso ocurrió en el Norte, en Oriente, en Occidente...
Sus reflexiones sobre las condiciones sociales del departamento y el país, cada vez más inequitativas y violatorias del Estado de derecho, lo llevaron a tomar la opción de defender la causa de los derechos humanos, convencido de que no se podían tolerar aquellas situaciones que atentaran contra la dignidad humana. La concepción integral de los derechos humanos que expresaba Jesús María Valle lo llevó a promover la Liga de Usuarios de las Empresas Públicas de Medellín y a ser su primer presidente. Como dirigente gremial ocupó una silla en el consejo directivo y en la presidencia del Colegio Antioqueño de Abogados y a fundar y presidir el Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia. Pero donde más impulsó sus ideas humanistas y reforzó su defensa de los más débiles fue en el Comité por la Defensa de Derechos Humanos, seccional Antioquia, a donde ingresó en 1978, año de su fundación, y que presidió desde 1987, en reemplazo de Héctor Abad Gómez, asesinado el 25 de agosto de ese año. Desde el Comité, Jesús María Valle fue uno de los primeros en advertir los nefastos efectos del paramilitarismo en el departamento, sobre todo en las zonas rurales, donde las consecuencias de su accionar armado eran devastadoras: asesinatos masivos, rompimiento del tejido social entre las comunidades campesinas, desplazamientos forzados, destrucción de procesos productivos y profundización de la pobreza. En un memorable y emotivo discurso pronunciado el 25 de agosto de 1997, durante la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, contrastó los avances en materia de desarrollo que estaba teniendo Antioquia y la llegada del paramilitarismo a diversas regiones del departamento. Tan contundente era su percepción que se atrevió a decir que si bien antes se podía hablar del paso del meridiano de la cultura y la política por Antioquia, en ese momento se tenía que decir que el meridiano de la violencia estaba pasando por el departamento y desde él se exportaba la violencia para el resto del país. Su visión fue profética. era la primera vez que Valle Jaramillo hablaba de ello. Desde comienzos de 1996 había iniciado una sistemática denuncia de los atropellos contra la población campesina, perpetrados por las fuerzas contrainsurgentes que estaban tomando posición en corregimientos y veredas, de municipios del Norte de Antioquia, en particular de su natal Ituango, en donde para la época había sido elegido concejal por el movimiento Acción Popular Independiente. En sendas cartas a la Gobernación de Antioquia, en ese momento en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de la República, y a las autoridades militares y de policía, expresaba su preocupación por los constantes asesinatos de campesinos, quienes eran sindicados de ser guerrilleros, integrar sus redes de apoyo o ser simpatizantes. Entre sus denuncias se encuentran las incursiones paramilitares a los corregimientos La Granja y El Aro, de Ituango; en ambas fue condenada la Nación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se halló evidencia de la falta de operatividad de la fuerza pública para proteger a los habitantes de esos caseríos, un aspecto que Jesús María Valle siempre resaltó en sus quejas. Este año, el Estado colombiano podría recibir otra condena por el crimen del jurista, pues su caso cursa trámite en este organismo de justicia internacional. Fuerza pública, involucrada. Jesús María Valle fijó la atención de sus denuncias en la connivencia entre los paramilitares y la fuerza pública, tanto militar como policial. Sus evidencias, obtenidas a través de los habitantes de Ituango y de localidades vecinas, eran contundentes y hacerlas públicas molestó al Gobernador de Antioquia y al comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina Ovalle. Antes que atender el llamado a proteger a la población campesina, ambos atacaron al defensor de derechos humanos, negando toda relación con el paramilitarismo. El clima alrededor de Jesús María Valle se enrarecía cada vez y tanto familiares y amigos cercanos temían por su vida. No obstante, persistió en las denuncias, reclamando mayor eficacia al Ejército y a la Policía, y una acción más contundente del Estado en defensa de los campesinos. Pero cada pronunciamiento suyo era respondido con un ataque por parte de las autoridades. Incluso, Uribe Vélez, en declaraciones radiales, llegó a decir que en el país era muy conocida la animadversión de Jesús María Valle por el Ejército, con lo cual pretendía restarle veracidad a sus denuncias. Por la insistencia en sus acusaciones, Jesús María Valle fue denunciado penalmente por calumnia por la IV Brigada del Ejército, a través de un soldado delegado por la comandancia de la guarnición militar. Para responder por la querella, compareció a la Unidad Local Segunda de Delitos Querellables el jueves 26 de febrero de 1998. Durante la diligencia se ratificó en sus imputaciones y alegó que no había cometido ningún delito, pues su versión sobre la connivencia entre miembros del Ejército y la Policía con los grupos paramilitares había sido comprobada por organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales. Años después su versión fue ratificada, incluso, por comandantes y ex combatientes paramilitares. La diligencia comenzó a las 2:30 de la tarde de ese jueves. Exactamente 24 horas después, en su oficina del edifico Colón, la misma que con tanto esfuerzo había ayudado a dotar su familia semanas después de su graduación, dos hombres y una mujer llegaron hasta ella y le propinaron tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en el pecho, que le segaron la vida de manera instantánea. Dos días después, su cuerpo fue llevado a la Iglesia de Santa Gema para rendirle una sentida despedida a quien por más de 20 años se consagró a buscar la verdad y la justicia. Terminada la homilía del padre Vargas, un amigo de Jesús María Valle resumió con inmenso dolor y en voz muy baja la tragedia de este crimen: “En este país las posiciones diferentes, claras y con argumentos sólidos que hablan de las angustias de un pueblo sometido a un conflicto que le ha quitado toda dignidad son acalladas porque, al decir de algunos, hacen parte de uno de los bandos de la guerra. Seguimos en ese punto donde no hay contradictores sino enemigos que se deben eliminar inmediatamente”.
EL MERIDIANO DE LA VIOLENCIA PASA POR ANTIOQUIA (FRAGMENTO).
“De improviso, en los últimos años, en forma abrupta, se rompió ese esquema que traíamos y surgió un plan para acabar con el movimiento guerrillero en ese lapso. Entonces aparecieron unos hombres en las regiones que cometían una serie de tropelías y asesinatos y hábilmente desaparecían de la zona; y se suscitaron las primeras masacres en zonas geográficas donde no había enfrentamientos entre partidos y fuerzas de izquierda. Y después esas fuerzas se fueron ubicando en los perímetros urbanos y generaban un estado de terror y de zozobra, y los campesinos caían asesinados; mientras, en las veredas y corregimientos se mataban a los dueños de las tiendas comunitarias. Eso ocurrió en el Norte, en Oriente, en Occidente...
Se empezó como a gestar un plan macabro, donde el investigador no lograba penetrar qué estaba sucediendo, en qué zonas geográficas se cometían esas masacres y esos asesinatos masivos. Y nuestros ríos históricos fueron testigos de los cadáveres arrojados. Y en las carreteras, esas carreteras construidas con el esfuerzo antioqueño, los vehículos eran arados, los campesinos bajados de los mismos y asesinados arrodillados. Un clima de zozobra empezó a desintegrar todo lo que habíamos construido durante muchos años. Y aquellos maestros que protestaron fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados. Entonces se empezó a desintegrar todo ese sistema educativo. Las escuelas se quedaron sin niños y maestros. Y los maestros eran perseguidos y la educación perdía calidad. Y los médicos que iban a las veredas y a los corregimientos a atender a los enfermos con mucho esfuerzo también fueron perseguidos, ntimidados, amenazados, desaparecidos, y el sistema de salud empezó a degradarse. Y los programas agropecuarios, las Umatas en Antioquia, cuando soñábamos cómo reemplazar el café, cuando soñábamos con un dominio del paisaje y la agricultura, se desintegraron. Aparecían fuerzas oscuras que reemplazaban al alcalde... los comandantes. Eran paramilitares, Convivir, autodefensas. Y se fue tornando ambiguo ese concepto de autoridad pública: unos eran amigos o enemigos de las Convivir, amigos o enemigos de los paramilitares, amigos o enemigos de la guerrilla. Y ese tejido social solidario del campesino, se fue desintegrando y se empezó a consolidar la zozobra al lado del temor, mientras se perdían los proyectos culturales, artísticos, artesanales. Es decir, ha habido un proceso de degradación en la relación del hombre con la comunidad, con su medio. Entonces, en este recinto puedo decir, a manera de inventario, que yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia. Estamos exportando, a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para los departamentos pacíficos como los de la Costa y el Chocó. Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país. Lo que habíamos construido como base impositiva, a través del impuesto predial y del de industria y comercio, para fortalecer los aportes de la Nación y hacer programas de desarrollo educativo, lo hemos desintegrado porque hay que pagar cuotas a las Convivir, a las autodefensas, a los paramilitares. Y los paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, las sedes, en los vehículos que utilizan. Ya la Fiscalía tiene que pedir permiso a esos personajes que aparecen extrañamente en los municipios, para poder hacer los levantamientos de cadáveres. Y los inspectores que hacen esos levantamientos de cadáveres son asesinados para destruir la prueba, para impedir los sistemas de investigación judicial. Esa es la situación hoy. Lo han visto mis ojos, lo he presenciado con gentes de mi pueblo, de mis veredas, de mis corregimientos. A esas personas que yo ví nacer, con esas personas con quienes escuché silbidos de miseria en las montañas, han sido asesinadas. Y yo he ido por todas partes invocando el derecho de petición para la población campesina, y no he recibido una respuesta positiva. Esa es la situación dramática que presenta hoy Antioquia y es el informe que puedo rendir hoy con honestidad en este recinto, sin odios contra nadie, pero sí con una infinita tristeza de cómo se van perdiendo las vidas y golpeando a las personas”. Apartes de un discurso de Jesús María Valle el 25 de agosto de 1997 durante la conmemoración del décimo aniversario de los homicidios de Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, ambos defensores de derechos humanos.
Testimonios de pobladores, informes de organismos investigadores del Estado, versiones de ex comandantes y ex combatientes paramilitares, y sentencias de altas cortes internacionales revelan que la connivencia entre el estamento militar y policial y el paramilitarismo en el Norte de Antioquia, denunciada por el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo entre 1996 y 1997, no fue una ficción, tal como lo intentaron hacer ver en su momento la Gobernación de Antioquia y la IV Brigada del Ejército. “Lo dicho está sustentado en informaciones serias y por eso me atrevo a denunciar. Lo hago porque no me mueven odios contra el Gobernador o el comandante de la IV Brigada. Lo hago porque no tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo. Lo hago porque han muerto muchos paisanos, de manera injusta, en plena plaza pública y todos en silencio. Porque hay que decir la verdad, cueste lo que cueste”, manifestó Valle Jaramillo en julio de 1997.No obstante, las autoridades desestimaban sus quejas. En sendos pronunciamientos públicos, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de la República, y el comandante de la IV Brigada del Ejército, general Carlos Alberto Ospina Ovalle, quien ascendió a Comandante de las Fuerzas Militares en noviembre de 2003 y estuvo allí hasta agosto del 2006, se mostraron inconformes con las denuncias del jurista y defensor de derechos humanos, lo atacaron públicamente resaltando su animadversión contra el Ejército y lo denunciaron penalmente por calumnia.
Testimonios de pobladores, informes de organismos investigadores del Estado, versiones de ex comandantes y ex combatientes paramilitares, y sentencias de altas cortes internacionales revelan que la connivencia entre el estamento militar y policial y el paramilitarismo en el Norte de Antioquia, denunciada por el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo entre 1996 y 1997, no fue una ficción, tal como lo intentaron hacer ver en su momento la Gobernación de Antioquia y la IV Brigada del Ejército. “Lo dicho está sustentado en informaciones serias y por eso me atrevo a denunciar. Lo hago porque no me mueven odios contra el Gobernador o el comandante de la IV Brigada. Lo hago porque no tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo. Lo hago porque han muerto muchos paisanos, de manera injusta, en plena plaza pública y todos en silencio. Porque hay que decir la verdad, cueste lo que cueste”, manifestó Valle Jaramillo en julio de 1997.No obstante, las autoridades desestimaban sus quejas. En sendos pronunciamientos públicos, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de la República, y el comandante de la IV Brigada del Ejército, general Carlos Alberto Ospina Ovalle, quien ascendió a Comandante de las Fuerzas Militares en noviembre de 2003 y estuvo allí hasta agosto del 2006, se mostraron inconformes con las denuncias del jurista y defensor de derechos humanos, lo atacaron públicamente resaltando su animadversión contra el Ejército y lo denunciaron penalmente por calumnia.
Dura realidad
Todo demuestra que lo descrito por Valle Jaramillo era la más dolorosa realidad. “Desde septiembre de 1996 hay un grupo paramilitar en el centro de Ituango. Lo saben el Ejército y la Policía. Ese grupo armado ha cometido una serie de asesinatos y no hay una respuesta inmediata del Gobierno”, clamaba el jurista. En una carta enviada por un conjunto de ciudadanos de la localidad a la Fiscalía General de la Nación, fechada en julio de 1996 ahondaba en la situación: “Después del mes de marzo de este año (1996) varios oficiales del Ejército del batallón Girardot y de la IV Brigada llamaron personalmente en Ituango y en Medellín a varios comerciantes y finqueros de Ituango para recomendarles la conformación y solicitarles el apoyo para la organización de los grupos paramilitares en este municipio, garantizándoles que el Ejército daba la lista, refiriéndose a la lista de personas a asesinar” La extensa misiva detalla la manera cómo los paramilitares asentados en Ituango, ejecutaron diversas operaciones contra la población civil, en especial contra los pobladores del corregimiento La Granja, y revela las facilidades que tenían para circular no sólo en esta localidad sino en toda la región, lo que hacía presumir que contaban con la ayuda del Ejército y la Policía. “El Ejército, la Policía y los paramilitares tienen como objetivo principal combatir y exterminar la guerrilla, pero lo que realmente están consiguiendo con sus actos de fuerza y de barbarie son el éxodo ciudadano, la guerra sucia y sicológica con cuyas amenazas potenciales y reales están castigando a toda la población civil de Ituango”, concluye la carta. Esta versión coincide con la divulgada de manera reiterada por Jesús María Valle. “Desde el año pasado pedí al Gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo, porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”, declaró el jurista en julio de 1997 a diferentes medios de comunicación. En sus quejas relataba los efectos de la presencia paramilitar: “Fueron asesinados casi todos los dueños de las tiendas comunitarias de los corregimientos y veredas. Y toda la población sufre inmensos padecimientos porque no tiene acceso a comestibles. So pretexto de acabar con el movimiento guerrillero está sufriendo la población civil, niños, mujeres y ancianos”. Pero el hecho que exaltó el ánimo de las autoridades militares y que derivó en la denuncia por calumnia por parte de la IV Brigada del Ejército ocurrió el lunes 7 de julio de 1997: cerca al puente de Pescadero, en la vía que de San Andrés de Cuerquia conduce a Ituango, un bus escalera fue atacado por la guerrilla. En la refriega perdió la vida un soldado y tres más quedaron heridos, al igual que siete civiles. “Las personas heridas, y sobre las cuales no se ha dicho toda la verdad, fueron soldados y paramilitares. Eso demuestra la connivencia que estoy denunciando hace casi un año y que no han querido creer el gobernador de Antioquia y el comandante de la IV Brigada”, denunció Jesús María Valle días después del ataque. Frente a los hechos el comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina Ovalle, declaró: “Es absolutamente falso que personas ajenas a la patrulla perteneciente al Batallón Girardot –grupos de justicia privada como se ha señalado- hayan participado en labores militares realizadas en Ituango el lunes pasado”. En defensa del general Ospina Ovalle y del estamento militar y policial salió el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez: “He dicho que los informes del doctor Jesús María Valle no coinciden con los que ha dado la Brigada ni con los que ha dado la Policía. El general Carlos Alberto Ospina Ovalle ha dado una versión totalmente distinta. Como gobernador, tengo que apoyar a la fuerza pública, darle crédito, salvo que un juez de la República, con base en fundamento probatorio, diga lo contrario”.
Todo demuestra que lo descrito por Valle Jaramillo era la más dolorosa realidad. “Desde septiembre de 1996 hay un grupo paramilitar en el centro de Ituango. Lo saben el Ejército y la Policía. Ese grupo armado ha cometido una serie de asesinatos y no hay una respuesta inmediata del Gobierno”, clamaba el jurista. En una carta enviada por un conjunto de ciudadanos de la localidad a la Fiscalía General de la Nación, fechada en julio de 1996 ahondaba en la situación: “Después del mes de marzo de este año (1996) varios oficiales del Ejército del batallón Girardot y de la IV Brigada llamaron personalmente en Ituango y en Medellín a varios comerciantes y finqueros de Ituango para recomendarles la conformación y solicitarles el apoyo para la organización de los grupos paramilitares en este municipio, garantizándoles que el Ejército daba la lista, refiriéndose a la lista de personas a asesinar” La extensa misiva detalla la manera cómo los paramilitares asentados en Ituango, ejecutaron diversas operaciones contra la población civil, en especial contra los pobladores del corregimiento La Granja, y revela las facilidades que tenían para circular no sólo en esta localidad sino en toda la región, lo que hacía presumir que contaban con la ayuda del Ejército y la Policía. “El Ejército, la Policía y los paramilitares tienen como objetivo principal combatir y exterminar la guerrilla, pero lo que realmente están consiguiendo con sus actos de fuerza y de barbarie son el éxodo ciudadano, la guerra sucia y sicológica con cuyas amenazas potenciales y reales están castigando a toda la población civil de Ituango”, concluye la carta. Esta versión coincide con la divulgada de manera reiterada por Jesús María Valle. “Desde el año pasado pedí al Gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo, porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”, declaró el jurista en julio de 1997 a diferentes medios de comunicación. En sus quejas relataba los efectos de la presencia paramilitar: “Fueron asesinados casi todos los dueños de las tiendas comunitarias de los corregimientos y veredas. Y toda la población sufre inmensos padecimientos porque no tiene acceso a comestibles. So pretexto de acabar con el movimiento guerrillero está sufriendo la población civil, niños, mujeres y ancianos”. Pero el hecho que exaltó el ánimo de las autoridades militares y que derivó en la denuncia por calumnia por parte de la IV Brigada del Ejército ocurrió el lunes 7 de julio de 1997: cerca al puente de Pescadero, en la vía que de San Andrés de Cuerquia conduce a Ituango, un bus escalera fue atacado por la guerrilla. En la refriega perdió la vida un soldado y tres más quedaron heridos, al igual que siete civiles. “Las personas heridas, y sobre las cuales no se ha dicho toda la verdad, fueron soldados y paramilitares. Eso demuestra la connivencia que estoy denunciando hace casi un año y que no han querido creer el gobernador de Antioquia y el comandante de la IV Brigada”, denunció Jesús María Valle días después del ataque. Frente a los hechos el comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina Ovalle, declaró: “Es absolutamente falso que personas ajenas a la patrulla perteneciente al Batallón Girardot –grupos de justicia privada como se ha señalado- hayan participado en labores militares realizadas en Ituango el lunes pasado”. En defensa del general Ospina Ovalle y del estamento militar y policial salió el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez: “He dicho que los informes del doctor Jesús María Valle no coinciden con los que ha dado la Brigada ni con los que ha dado la Policía. El general Carlos Alberto Ospina Ovalle ha dado una versión totalmente distinta. Como gobernador, tengo que apoyar a la fuerza pública, darle crédito, salvo que un juez de la República, con base en fundamento probatorio, diga lo contrario”.
Visiones opuestas
Una versión totalmente contraria a la sostenida por el Gobernador de Antioquia y el Comandante de la IV Brigada se puede leer en el informe número 409 de la Unidad de Información y Análisis de la Fiscalía General de la Nación, fechado el 28 de octubre de 1997, tan sólo tres meses después de los pronunciamientos de las autoridades.“Es tanto el auge paramilitar en la zona, que estos se movilizan con toda tranquilidad por calles, parques y carreteras sin que sea interceptado por las fuerzas legalmente constituidas (Ejército y Policía), quienes los ven diariamente armados, saben dónde se mantienen, qué hacen y donde pernoctan, pero nunca hacen nada para evitar las masacres que diariamente se presentan en la municipalidad; al contrario, se les ve compartiendo con ellos en los lugares públicos, o patrullando en las zonas rurales conjuntamente con los soldados. Así, de esta manera, se cree que el grupo paramilitar ha perpetrado el 99% de las muertes violentas en la región”.
La fecha de este informe coincide con el cruento ataque perpetrado contra los pobladores del corregimiento El Aro, de Ituango, por un comando paramilitar al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, donde perdieron la vida 15 campesinos, fueron destruidas las viviendas del caserío y robado el ganado. La operación militar contra los pobladores de El Aro, iniciada el 27 de octubre de 1997 y finalizada tres días después, fue concertada por los comandantes de la organización paramilitar y altos oficiales del batallón Girardot y la IV Brigada, lo que demuestra, una vez más, que las denuncias de Jesús María Valle no eran ninguna ficción. La versión sobre estos hechos la entregó a la Fiscalía General de la Nación un ex combatiente paramilitar que coordinó un grupo de 20 paramilitares durante la incursión. “En un potrero a un kilómetro después de Puerto Valdivia y yendo para El Aro, nos reunimos con una tropa del batallón Girardot antes de la toma de El Aro. Estaban un teniente, un cabo y un sargento, y tenían mando por una voz del coronel del batallón Girardot”, le dijo Francisco Villalba Hernández a la Fiscalía el 16 de abril de 1999, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades. El testimonio de este ex combatiente de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá confirma la connivencia entre paramilitares y fuerza pública: “En la zona de El Aro, durante el ataque, estuvieron dos helicópteros, uno de ellos del Ejército, de la IV Brigada de Medellín, que nos abasteció de munición y medicina”. En su relato a la Fiscalía, Villalba Hernández aseveró que los comandantes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso se reunieron con miembros del Ejército en Puerto Valdivia, para coordinar desde allí la incursión a El Aro. Preguntado Villalba Hernández si no sabía que era delito conformar grupos de justicia privada, portar armas y vestir prendas de uso privativo del Ejército, contestó: “Yo no sabía que esas conductas eran delito porque siempre operábamos conjuntamente con el Ejército y como siempre me decían que el grupo actuaba en defensa del Estado, por eso no creí que era delito”.
La Corte y Mancuso
Tanto la incursión a El Aro como la perpetrada el 11 de junio de 1996 en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, donde murieron cuatro personas, fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 30 de julio de 2004 fue sometida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando la responsabilidad del Estado colombiano, y el 1 de julio de 2006 fue condenado a reparar a las víctimas de manera integral. La Corte pudo demostrar que en ambas acciones paramilitares hubo actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública apostados en el Municipio de Ituango con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), situación que el Estado colombiano admitió. A través de un escrito fechado el 20 de septiembre de 2005 sostuvo que según las indagaciones realizadas por las autoridades colombianas y las pruebas recaudadas, se pudo establecer que las incursiones de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia en las localidades de La Granja y El Aro del Municipio de Ituango fueron planeadas y dirigidas por reconocidos jefes de esa organización armada ilegal y ejecutadas por hombres bajo su supervisión, y encontraron asimismo, que agentes estatales participaron en algunas de las acciones criminales que se dieron en el marco de las referidas incursiones”. Y un último aporte a la realidad planteada con insistencia por Jesús María Valle desde mediados de 1996, lo hizo el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso en Medellín el 15 de enero de 2007, durante su segunda audiencia pública ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Allí reconoció que la incursión al corregimiento El Aro había contado con la ayuda de altos oficiales de la IV Brigada. Con el paso de los años, la realidad que describía con angustia el defensor de derechos humanos se fue constatando. Lo que demuestra que quienes vivían en una aparente ficción y trataban de ofrecerla como una verdad incuestionable eran el Gobernador de Antioquia y el Comandante de la IV Brigada del Ejército.
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