¿Qué está pasando en Medellín?

¿Qué está pasando en Medellín?

Esa imagen de Medellín retocada por especialistas que hicieron destacar ante el mundo en los últimos años, está perdiendo su maquillaje, por lo menos en materia de seguridad. Dos hechos recientes lo ponen en evidencia : el primero, el asesinato de Severo Antonio López Jiménez, alias Job, jefe paramilitar desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, vocero político del movimiento nacional de desmovilizados de las Auc y hombre de confianza del confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna. El segundo, la manera cómo el alcalde Alonso Salazar reaccionó ante este crimen: "Él realmente nunca se desvinculó de las actividades delictivas, es una realidad que no se puede ocultar, no se trata de un héroe de la paz", declaró a la prensa.

Al hacer un poco de memoria, encuentro una gran contradicción. Como secretario de Gobierno, Salazar recurrió siempre a una pregunta peligrosa cada vez que alguien hablaba de controles sociales de carácter paramilitar en los barrios: “¿Dónde están las pruebas?”. Con ese interrogante defendió lo que hoy no vacila en acusar. Además, las palabras del Alcalde advierten que el modelo de reinserción de las Auc, considerado exitoso nacional e internacionalmente, tiene graves problemas de fondo que aún no se admiten en público y cuya aceptación pondría en riesgo el modelo en todo el país. No tengo duda alguna: la seguridad en Medellín, sustentada justamente en el supuesto éxito de la reinserción paramilitar, fue maquillada hábilmente por el anterior equipo de gobierno, encabezado por el aspirante presidencial Sergio Fajardo. Y para alcanzar sus resultados se requirió del concurso de quien tenía el monopolio de la criminalidad en la calles de la ciudad: alias don Berna.

Su poder, conquistado a sangre y fuego, no admitía dudas entre la delincuencia organizada en la ciudad y lo consolidó bajo el ropaje de jefe paramilitar desmovilizado. Fue así como logró, con sus lugartenientes, gran influencia en los barrios de Medellín: disciplinó la criminalidad, contribuyó a rebajar los índices de homicidios y, de paso, le asignaron contratos millonarios del programa de presupuesto participativo a diversas organizaciones no gubernamentales, comunitarias y barriales leales a su autoridad.

El equipo de gobierno de Fajardo le tenía tanta confianza a ese proceso y a quienes lo lideraban, entre ellos al mismo Antonio López y a Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio, hoy en Miami en proceso de entrega a la DEA, que todo cuestionamiento era descalificado y aquellos que advertían fallas eran señalados como “enemigo del proceso”. Se asumió entonces el negacionismo como política de gobierno en temas de seguridad y convivencia.

Al maquillar la seguridad, esencial para presentar la ciudad como un milagro de la transformación social, y apostarle al liderazgo permanente de alias don Berna como figura de contención de la violencia y sello de garantía del proceso de desmovilización con las Auc, la administración Fajardo perdió de vista el interés de Estados Unidos de tenerlo ante sus jueces para procesarlo por sus exportaciones de cocaína, pues este poderoso jefe paramilitar era, realmente, un narcotraficante que se amparó en las Auc para sobrevivir y lograr beneficios jurídicos, pero sin dejar el negocio.

El traslado de alias don Berna a la cárcel de Cómbita, Boyacá, el 24 de agosto del año anterior, y su extradición a Estados Unidos el pasado 13 de mayo marcaron sendas rupturas con sus hombres en las calles, aumentaron los índices de homicidios y comenzó a imperar la lógica mafiosa: cada vez que un capo pierde su poder, sus rutas de exportación, propiedades y ejércitos entran en disputa, y las lealtades se revisan para construir alianzas con aquellos que ostenten mayor poder económico y militar. En este negocio no hay capo que dure cien años ni socios que lo resistan. Esa es una de las razones del incremento de los índices de homicidios en un 15,8 por ciento a julio 27 de este año, que llegó a 403 homicidios.

Esa lógica se impone hoy en Medellín: vivimos una fase de reacomodamiento criminal con dos actores centrales: la llamada Oficina de Envigado, fortín de los hombres leales a alias don Berna, decenas de ellos desmovilizados de la Auc, y el bloque Héroes de Castaño, compuesto por mercenarios a sueldo al mando de Daniel Rendón, alias don Mario, que quiere copar no sólo la ciudad, sino el Valle de Aburrá y las rutas del narcotráfico que conducen al golfo de Morrosquillo, puerta de embarque de la cocaína que produce Antioquia.

En medio de esta guerra se encuentran muchas bandas y combos, integradas por más de 4 mil jóvenes que o se quieren mantener independientes o aún no deciden integrarse a uno de los dos bandos delincuenciales. Esta confrontación marca una diferencia entre las administraciones de Fajardo y de Salazar. Mientras la primera encontró una jerarquía y monopolio de la criminalidad que permitió disminuir los índices de homicidio a niveles del 40 por ciento; la segunda se enfrenta a grupos armados ligados al narcotráfico sin una estructura jerárquica con lo cual será difícil mantener el orden. Dada la historia de los últimos 40 años, Medellín está condenada a debatirse entre la anarquía delincuencial y un “patrón” que la regule: de quién surja y cómo se comporte depende que la ciudad esté en paz o en guerra. Pero quienes administran la ciudad deben saber que hay unas comunidades que esperan salidas civilistas y democráticas. No estamos en tiempo de maquillajes.