CONTRARREFORMA EN EL CONGRESO
En una norma pensada para mejorar la justicia,
Congreso desmontó varios controles.
Crea limbo jurídico
Los
conciliadores decidieron cambios en la investigación y el juicio de
congresistas y funcionarios de alto nivel y eliminaron parágrafos que
establecían periodos de transición para la vigencia de la nueva
institucionalidad. Así, dejaron en el aire más de 1.500 procesos contra
funcionarios que investigaban fiscales delegados ante la Corte, cuyos casos
fueron enviados a una nueva sala de magistrados investigadores. Pero esa sala
ni siquiera ha sido creada. En consecuencia, se caían los casos
Blinda a los congresistas
Durante el
trámite del proyecto varios congresistas intentaron incluir artículos que los
beneficiaban en los procesos en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, pero
esas movidas fueron denunciadas y no prosperaron. La conciliación revivió esas propuestas
y hasta las fortaleció. Así, borró varias de las causales de pérdida de
investidura (la muerte política) y estableció cambios en el procedimiento que,
en la práctica, harán muy difícil que un congresista sea castigado en el
Consejo de Estado.
Freno a la Corte
Suprema
En la
vigencia de la Carta del 91, la Corte Suprema ha investigado y condenado a más
de un centenar de congresistas por escándalos como los de la narcopolítica y la
parapolítica. La reforma le quitó a la Sala Penal los casos contra los
congresistas y se los entregó a dos nuevas salas que aún no existen. Pero como
no incluyó periodos de transición, de nuevo generó un vacío jurídico que
terminaría beneficiando a los investigados. Magistrados dicen que la
consecuencia inevitable sería la impunidad.
Reforma con nombre
Una de las
decisiones más sorprendentes de los conciliadiores fue la de incluir un
parágrafo transitorio que, frente a la desaparición de la Sala Administrativa
de la Judicatura, dejaba en su cargo "al actual director administrativo de
la Rama Judicial". El beneficiario es el exfiscal Diógenes Villa, quien ha
sido cuestionado porque aparentemente no reúne los requisitos exigidos por la
ley. El director administrativo maneja un presupuesto de 2 billones de pesos de
la rama.
Conciliación
cuestionada
En teoría,
los miembros de las comisiones de conciliación se limitan a sintonizar los
textos aprobados por las plenarias. En la sesión del miércoles los
conciliadores fueron mucho más allá y le metieron a la reforma puntos que
habían sido discutidos y derrotados en los ocho debates, la mayoría blindando
jurídicamente al Congreso. "Modificaron artículos que eran idénticos en
Cámara y Senado", denunció el Gobierno. Ahora se anuncian investigaciones.
Eliminación de la
Judicatura, entre lo que se salvaba
Avances del
acto legislativo también quedaron en vilo ante su eventual caída
La reforma
de la justicia incluía varios puntos que tenían consenso nacional y que, ante
los 'micos' de última hora, seguramente no serán aplicados. El más importante
era la eliminación definitiva del Consejo Superior de la Judicatura, tribunal
creado por la Constitución del 91 y que, especialmente en los últimos cinco
años, fue protagonista de decenas de escándalos.
Analistas
señalan que la entrega de facultades jurisdiccionales a abogados y notarios
también habría ayudado a descongestionar la administración de justicia, si bien
tenía el rechazo de las cortes. El acto legislativo le daba 2 billones de pesos
adicionales a la Rama Judicial para programas de modernización y de
descongestión.
De la misma
manera, y aunque no fue bien visto que cobijara a los actuales magistrados, la
reforma ampliaba a doce años el periodo de los miembros de las altas cortes y
su edad de retiro forzado, de 65 a 70 años. Las dos medidas tienen consenso en
el entendido de que generarían estabilidad jurídica y evitarían que la rama se
privara de juristas en la plenitud de sus facultades.
Todo esto
queda por ahora en el aire.
Conciliadores
Orlando Velandia, representante liberal
'Gobierno revisó en
detalle'
El
representante liberal a la Cámara Orlando Velandia fue uno de los conciliadores
de la polémica ley. En diálogo con EL TIEMPO, Velandia aseguró que todos los
temas aprobados fueron discutidos con el Gobierno. "Sí hubo gente del
Gobierno en la reunión de conciliadores y, el miécoles, revisaron
minuciosamente el texto en la oficina del senador Juan Manuel Galán. Lo único
que dijeron era que había necesidad de hacer unas correcciones a través de una
fe de erratas", explicó el representante. "Tuve reservas sobre varios
temas y dejé constancias y un salvamento de voto, al igual que el representante
Chacón. Fuimos derrotados en los argumentos para evitar el carrusel de
suplencias. Pero esa fue la voluntad de los compañeros". Finalmente, aseguró
que él abogó por el tema de descongestión de la justicia. Y aclaró que no ha
tenido ninguna investigación en sus 20 años de vida pública y no tiene interés
personal sobre lo que se estaba legislando. "Tampoco advertí ningún
interés particular de mis compañeros de la Cámara que me lleven a pensar en que
hubo algo irregular".
Sociedad civil Gloria María Borrero, directora de
Excelencia en la Justicia
'Los ciudadanos
estamos indignados'
¿Qué tumbó al ministro Juan Carlos Esguerra?
Es una
consecuencia lógica. Resalto su gallardía y decencia en un país donde nadie se
responsabiliza.
¿Cuál fue su responsabilidad?
Impulsar
una reforma que no era de su autoría, no retirarla a tiempo y no haber puesto
más puntos de honor para seguirla apoyando. Le pasó lo mismo que a varios:
creímos en la democracia.
¿Tomó el Presidente la decisión correcta al objetar
la reforma?
Era lo
único que tenía que hacer. Debía evitar que la reforma entrara en vigencia por
sus efectos. Ojalá la objete totalmente, pues esta reforma es ilegítima.
¿Qué sigue ahora?
Rodear al
Jefe de Estado. Los ciudadanos estamos indignados y así seguiremos hasta que
tengamos dirigentes responsables. Esta es una reforma ilegítima, pero no
podemos abandonar la idea de que se requieren ajustes.
¿En que estado queda la justicia?
Si entra en
vigencia, en caos. Pero si se logra detener la reforma, queda igual y sus altos
integrantes, más fortalecidos, pues nuevamente demuestran que reformar el poder
judicial es muy difícil.
Avalaron el texto
Alejandro
Chacón Partido Liberal
Jesús
Ignacio García Partido Liberal
Orlando
Velandia Partido Liberal (salvó voto)
Juan Manuel
Corzo Partido Conservador
Carlos
Edward Osorio Partido de 'la U'
Gustavo H.
Puentes Partido Conservador
Eduardo
Enríquez Maya Partido Conservador
Luis
Fernando Duque Partido Liberal
Juan Carlos
Restrepo Partido de 'la U'
Martín
Emilio Morales Partido de 'la U'
Se opusieron a 'micos'
Roosvelt
Rodríguez Partido de 'la U'
Germán
Varón Cambio Radical
1 comentarios:
No basta con la renuncia del ministro, el deber moral es que renuncie desde el presidente hasta los ministros, una revocatoria del mandato de todos. Lastimosamente aun no tenemos políticos honestos! y mucho menos una constitución que prevea el procedimiento post acto.
01 julio, 2012 09:43Publicar un comentario