lunes, junio 25, 2012

CONTRARREFORMA EN EL CONGRESO


En una norma pensada para mejorar la justicia, Congreso desmontó varios controles.

Crea limbo jurídico
Los conciliadores decidieron cambios en la investigación y el juicio de congresistas y funcionarios de alto nivel y eliminaron parágrafos que establecían periodos de transición para la vigencia de la nueva institucionalidad. Así, dejaron en el aire más de 1.500 procesos contra funcionarios que investigaban fiscales delegados ante la Corte, cuyos casos fueron enviados a una nueva sala de magistrados investigadores. Pero esa sala ni siquiera ha sido creada. En consecuencia, se caían los casos

Blinda a los congresistas
Durante el trámite del proyecto varios congresistas intentaron incluir artículos que los beneficiaban en los procesos en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, pero esas movidas fueron denunciadas y no prosperaron. La conciliación revivió esas propuestas y hasta las fortaleció. Así, borró varias de las causales de pérdida de investidura (la muerte política) y estableció cambios en el procedimiento que, en la práctica, harán muy difícil que un congresista sea castigado en el Consejo de Estado.

Freno a la Corte Suprema
En la vigencia de la Carta del 91, la Corte Suprema ha investigado y condenado a más de un centenar de congresistas por escándalos como los de la narcopolítica y la parapolítica. La reforma le quitó a la Sala Penal los casos contra los congresistas y se los entregó a dos nuevas salas que aún no existen. Pero como no incluyó periodos de transición, de nuevo generó un vacío jurídico que terminaría beneficiando a los investigados. Magistrados dicen que la consecuencia inevitable sería la impunidad.

Reforma con nombre
Una de las decisiones más sorprendentes de los conciliadiores fue la de incluir un parágrafo transitorio que, frente a la desaparición de la Sala Administrativa de la Judicatura, dejaba en su cargo "al actual director administrativo de la Rama Judicial". El beneficiario es el exfiscal Diógenes Villa, quien ha sido cuestionado porque aparentemente no reúne los requisitos exigidos por la ley. El director administrativo maneja un presupuesto de 2 billones de pesos de la rama.

Conciliación cuestionada
En teoría, los miembros de las comisiones de conciliación se limitan a sintonizar los textos aprobados por las plenarias. En la sesión del miércoles los conciliadores fueron mucho más allá y le metieron a la reforma puntos que habían sido discutidos y derrotados en los ocho debates, la mayoría blindando jurídicamente al Congreso. "Modificaron artículos que eran idénticos en Cámara y Senado", denunció el Gobierno. Ahora se anuncian investigaciones.

Eliminación de la Judicatura, entre lo que se salvaba
Avances del acto legislativo también quedaron en vilo ante su eventual caída
La reforma de la justicia incluía varios puntos que tenían consenso nacional y que, ante los 'micos' de última hora, seguramente no serán aplicados. El más importante era la eliminación definitiva del Consejo Superior de la Judicatura, tribunal creado por la Constitución del 91 y que, especialmente en los últimos cinco años, fue protagonista de decenas de escándalos.

Analistas señalan que la entrega de facultades jurisdiccionales a abogados y notarios también habría ayudado a descongestionar la administración de justicia, si bien tenía el rechazo de las cortes. El acto legislativo le daba 2 billones de pesos adicionales a la Rama Judicial para programas de modernización y de descongestión.

De la misma manera, y aunque no fue bien visto que cobijara a los actuales magistrados, la reforma ampliaba a doce años el periodo de los miembros de las altas cortes y su edad de retiro forzado, de 65 a 70 años. Las dos medidas tienen consenso en el entendido de que generarían estabilidad jurídica y evitarían que la rama se privara de juristas en la plenitud de sus facultades.
Todo esto queda por ahora en el aire.

Conciliadores

Orlando Velandia, representante liberal

'Gobierno revisó en detalle'
El representante liberal a la Cámara Orlando Velandia fue uno de los conciliadores de la polémica ley. En diálogo con EL TIEMPO, Velandia aseguró que todos los temas aprobados fueron discutidos con el Gobierno. "Sí hubo gente del Gobierno en la reunión de conciliadores y, el miécoles, revisaron minuciosamente el texto en la oficina del senador Juan Manuel Galán. Lo único que dijeron era que había necesidad de hacer unas correcciones a través de una fe de erratas", explicó el representante. "Tuve reservas sobre varios temas y dejé constancias y un salvamento de voto, al igual que el representante Chacón. Fuimos derrotados en los argumentos para evitar el carrusel de suplencias. Pero esa fue la voluntad de los compañeros". Finalmente, aseguró que él abogó por el tema de descongestión de la justicia. Y aclaró que no ha tenido ninguna investigación en sus 20 años de vida pública y no tiene interés personal sobre lo que se estaba legislando. "Tampoco advertí ningún interés particular de mis compañeros de la Cámara que me lleven a pensar en que hubo algo irregular".

Sociedad civil Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia

'Los ciudadanos estamos indignados'

¿Qué tumbó al ministro Juan Carlos Esguerra?
Es una consecuencia lógica. Resalto su gallardía y decencia en un país donde nadie se responsabiliza.
¿Cuál fue su responsabilidad?
Impulsar una reforma que no era de su autoría, no retirarla a tiempo y no haber puesto más puntos de honor para seguirla apoyando. Le pasó lo mismo que a varios: creímos en la democracia.
¿Tomó el Presidente la decisión correcta al objetar la reforma?
Era lo único que tenía que hacer. Debía evitar que la reforma entrara en vigencia por sus efectos. Ojalá la objete totalmente, pues esta reforma es ilegítima.
¿Qué sigue ahora?
Rodear al Jefe de Estado. Los ciudadanos estamos indignados y así seguiremos hasta que tengamos dirigentes responsables. Esta es una reforma ilegítima, pero no podemos abandonar la idea de que se requieren ajustes.
¿En que estado queda la justicia?
Si entra en vigencia, en caos. Pero si se logra detener la reforma, queda igual y sus altos integrantes, más fortalecidos, pues nuevamente demuestran que reformar el poder judicial es muy difícil.

Avalaron el texto
Alejandro Chacón Partido Liberal
Jesús Ignacio García Partido Liberal
Orlando Velandia Partido Liberal (salvó voto)
Juan Manuel Corzo Partido Conservador
Carlos Edward Osorio Partido de 'la U'
Gustavo H. Puentes Partido Conservador
Eduardo Enríquez Maya Partido Conservador
Luis Fernando Duque Partido Liberal
Juan Carlos Restrepo Partido de 'la U'
Martín Emilio Morales Partido de 'la U'

Se opusieron a 'micos'
Roosvelt Rodríguez Partido de 'la U'
Germán Varón Cambio Radical

1 comentarios:

Anónimo dijo...

No basta con la renuncia del ministro, el deber moral es que renuncie desde el presidente hasta los ministros, una revocatoria del mandato de todos. Lastimosamente aun no tenemos políticos honestos! y mucho menos una constitución que prevea el procedimiento post acto.

01 julio, 2012 09:43